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GRUPO TÉCNICO IGUALDAD MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA

Reunión de 24 de octubre de 2019
“Somos lo que hacemos, pero sobre todo, lo que hacemos para cambiar lo que somos”
(León Gieco)
La dimisión como asunción personal del ejercicio negligente de las propias competencias y funciones está lejos de formar parte de la cultura del alto funcionariado con cargos de responsabilidad en la AGE. Un posicionamiento que es fiel reflejo, a su vez, de la cultura política y social a la que sirve y de la que surge.
De lo contrario, desde CC.OO no nos hubiéramos visto en la obligación de solicitar formalmente a la Subsecretaria del Ministerio de Economía y Empresa, y a la Presidencia del INE, el cese de las personas responsables, que, bajo el amparo de este Departamento, fueron parte necesaria en unos casos, cómplice y colaborador en otros, de la vulneración de un derecho fundamental, amparado en el artículo 14 de la Constitución Española, tal como fehacientemente ha quedado acreditado con una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, de la que os hemos informado en este mes de octubre. Recordamos que esta sentencia, que supone un hito en lo que a garantías constitucionales en materia de igualdad se refiere, da la razón al recurso de amparo presentado por CC.OO al reconocer la discriminación directa a una mujer en el acceso a un puesto de trabajo en la Delegación Provincial del INE en Valencia, por su imposibilidad de incorporarse al mismo con carácter inmediato debido a su reciente maternidad. Procederemos a elevar próximamente el mismo requerimiento de ceses a la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Igualdad.

En la reunión del Grupo Técnico de Igualdad celebrada el pasado 24 de octubre la Subdirección General de RRHH del Ministerio y la Secretaria General (SG) del INE manifestaron que no está previsto que alguien asuma ninguna responsabilidad disciplinaria ni moral respecto a esta vulneración. La SG apela a dar por concluido este asunto con la ejecución estricta de la sentencia. Una ejecución que, por otra parte, en realidad recaerá con todo su peso en el conjunto de la ciudadanía, puesto que las indemnizaciones a abonar serán sufragadas completamente por las arcas públicas del Estado, las que se nutren con los impuestos de todos/as, pero en ningún caso lo harán con el “bolsillo” de las personas responsables de tal quebranto.
Hablamos de más de 35.000 euros: 13.000 en concepto de retribuciones correspondientes a la relación laboral frustrada, y 25.000 euros por los daños morales provocados, a los que habría que sumar los intereses de demora, o en su defecto el del interés legal del dinero. Por otra parte, tuvimos que aclarar a la SG que la ejecución de esta sentencia no supone por sí misma ninguna decisión, toma de conciencia, o asunción de responsabilidad. Su cumplimiento no es una opción. Las sentencias se acatan. Sería el colmo de la desvergüenza que el INE, además de vulnerar un derecho fundamental, se atreviera a no acatar un mandato del Tribunal Constitucional.

La Administración no ofreció ni presentó alternativas o medidas que se tuvieran previstas adoptar o pudieran llegar a implementarse a corto-medio plazo para evitar la reproducción de estos hechos en el futuro. Nula voluntad de reflexión y análisis de lo que supone semejante sentencia. Nula autocrítica que sirva para promover un cambio cualitativo respecto a las actuaciones y actitudes de la Administración ante la discriminación por razón de género en el ámbito del Ministerio. Tanto la Subdirección como la SG tienen claro, sin datos en la mano, insistimos, sin datos sobre la mesa, que la discriminación no existe en la AGE, y achacan este suceso a algo puntual. No es así. Este sindicato, CC.OO, ha venido denunciando en este mismo Foro desde casos de acoso sexual, cuyas heridas por la lamentable gestión del asunto hace ya un par de años siguen más abiertas que nunca, hasta el uso de una viñeta sexista por parte de un Estadístico Superior del Estado en un curso de formación a Diplomados Estadísticos del Estado que no tuvo apenas repercusión para el protagonista de tan patética escena por la inacción de la Administración: por un lado, la del INE, que lo protegió, y por otro, la de Economía, que se dedicaba a escandalizarse de un acto tan lamentable entre bastidores, mientras que en este Grupo Técnico procuraba mantenerse al margen de cualquier decisión alegando que no era competencia del Ministerio, sino del INE. Pero además esta Administración tampoco reconoce otras formas de discriminación por razón de género, como la brecha salarial de género. La misma AGE ha venido impidiendo que se incluyera el mandato legal de hacer un estudio sobre la brecha salarial de género, y viene negando sistemáticamente el acceso a la información en lo que a retribuciones se refiere, lo que se reproduce punto por punto en nuestro ámbito. La brecha salarial de género no nace en el acceso al empleo público sino en la promoción profesional posterior, afectando especialmente a los complementos y otras retribuciones vinculadas a la disponibilidad de la persona en su puesto de trabajo, y con ello también al uso de permisos.
En CC.OO tenemos indicios para pensar que la brecha salarial de género en la AGE no solo existe, sino que incluso puede ser superior a la de la empresa privada. La opacidad, la falta de transparencia de la Administración no ayuda a modificar esta perspectiva. Desde luego, no existe lo que no se quiere conocer ni registrar porque reconocer la verdad inconveniente es molesto. Como decía Séneca, por nuestra parte “preferimos molestar con la verdad que complacer con la adulación”.
Opacidad y falta de interés que queda también en evidencia en otro orden de cosas. La tardía e incompleta remisión de los datos desagregados por sexo del primer semestre del año dificulta seriamente que podamos hacer un seguimiento y control real de variables como el acceso, permanencia y finalización de cursos de formación en función del género, la utilización de todos los permisos, la composición de los tribunales o la distribución de hombres y mujeres por niveles y grupos de clasificación, entre otras, así como obstaculiza la posibilidad de realizar un análisis, estudio y valoración de alternativas y propuestas de mejora que llevar a esta reunión. Nula información también la que recibimos, una vez más, sobre la negociación del III Plan de Igualdad que se está llevando a cabo en las Mesas de Negociación de las que depende este Grupo Técnico. La parálisis política como justificación de la parálisis institucional es la excusa más manida por toda la Administración, sea al nivel que sea, para no hacer nada.
La única novedad que podemos destacar de esta sesión es la propuesta-borrador de Protocolo de Acoso Sexual y Acoso por razón de género que el Ministerio nos ha hecho llegar, al igual que los datos desagregados, con menos de un día de antelación a esta cita, por lo que tendremos que estudiarla con detenimiento antes de adoptar un posicionamiento sobre el mismo, aunque ya su mera existencia es un avance en nuestras permanentes reivindicaciones sobre la necesidad de poner en marcha un protocolo de este tipo o, cuanto menos, la creación de la figura de “Agente mediador”.

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